En momentos donde la seguridad ocupa un tema crucial y central en los reclamos no solamente en nuestro país, en toda la región, siendo América Latina el continente con las mayores tasas de delincuencia en el mundo.
Recientemente en nuestro país, el Ministerio del Interior aplicó una campaña desde su página de Internet, bajo el nombre "Tu cara me suena", con fotos individualizando delincuentes para su identificación ciudadana.
Para centrarnos en la problemática de la delincuencia debemos enumerar datos oficiales, en una creciente y alarmante tasa anual, que crece y crece a pesar de esfuerzos y promesas electorales.
Del año 2010 hasta el año 2014 las rapiñas crecieron un 38 % y los asesinatos un 14 %. Desde el período 2005 y 2014 los homicidios aumentaron un 28%, las rapiñas 55% y los hurtos cayeron un 5%.
Los únicos departamentos donde en 2014 no se registraron asesinatos fueron Artigas y Soriano, mientras que en la capital Montevideo se constataron el 58% de la totalidad en todo el territorio nacional, con una tasa de homicidio de 11,5 cada cien mil habitantes.
Crece en el Uruguay los ajustes de cuentas, por parte de Sicarios, muchos de ellos menores de edad, que por muy pocas sumas de dinero, realizan asesinatos a lo largo de todo el país. El crecimiento del narcotráfico es una de las razones principales de dichos actos delictivos, fenómeno alarmante que crece año a año en Uruguay y toda la región.
En el año 2013 se conocieron cifras del crecimiento de guardias privados, superando a los efectivos públicos de la policía nacional. Todos los años se registra un crecimiento progresivo de empresas de seguridad privadas, siendo la primera opción a la hora de buscar seguridad en el ámbito privado.
El concepto neoliberal de un estado ha incidido fundamentalmente en el boom de las empresas de seguridad. La privatización han sido los motores de la racionalidad neoliberal, donde ha primado la ley del mercado. Se promueven políticas de economización y ahorro en las tareas Públicas del Estado y supuestamente una alta calidad de servicios del sector civil.
Debemos agregar el marco jurídico otorgado por la actual administración, PPP, Participación Público Privada, marco que impulsa el negocio de privados en el ámbito público nacional. Si a ello le sumamos una tendencia mundial en la privatización de la seguridad pública, es necesario preguntarnos ¿Será que nuestro país es el laboratorio perfecto para el FMI con lo que respecta a la seguridad pública-privada?
Llegados los primeros cien días del actual gobierno se firmó el primer contrato de Participación Público Privada, para la construcción de una cárcel. Dicho proyecto fue otorgado a Teyma Uruguay, Instalaciones Inabensa y Goddard Cattering Group Uruguay.
Desde las altas esferas del poder norteamericano se alzan las voces elogiando los avances en materia de seguridad en nuestro país Uruguay. ¿Será que es necesario elogiar lo indefendible para seguir con esta mentira de la seguridad implacable en un país que sufre a diario la delincuencia?
La ecuación resulta complicada cuando vemos claramente el endeudamiento que el estado asume a la hora de otorgar la participación público privado y si ello no fuera poco, siendo a mi parecer una clara premisa de quienes se encargan de regular los países (FMI, BM) siendo en última instancia una especie de laboratorios en búsqueda de normas y modalidades a escala global, generando caos, inseguridad muertes y enormes deudas económicas y sociales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.